Aseguran que ocupaciones beneficiarán a 2.500 familias en Carabobo
Funcionarios de Indepabis inspeccionan los complejos
EL UNIVERSAL
martes 2 de noviembre de 2010 12:00 AM
Las medidas de ocupación temporal ordenadas por el Gobierno nacional en siete urbanismos inconclusos ubicados en el estado Carabobo, favorecerán aproximadamente a 2.500 familias de la entidad central.
Así lo afirmó la coordinadora estadal del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), Irumarú Herrera, reseñó AVN.
Los urbanismos son: Lomas de la Hacienda, Monte Mayor, Valparaiso, Roraima y La Abadía en San Diego; Villa Paraíso en Valencia y Villa Alianza en Guacara.
Ayer lunes se hizo efectiva, por parte del Estado venezolano, la adquisición forzosa de varias obras ejecutadas por las constructoras.
Herrera, detalló que en el caso de Lomas de la Hacienda, en el municipio San Diego, del grupo Blancoveca, se ordenó la expropiación por una serie de irregularidades, entre ellas, la paralización de la obra, el retardo en la entrega de las viviendas culminadas, la reventa de la propiedad, entre otras.
Agregó que la constructora se negaba a culminar el proyecto, pues hasta revendían las casas. La obra tiene más de un año paralizada.
viernes, 5 de noviembre de 2010
miércoles, 15 de septiembre de 2010
DENUNCIA A ESTOS ESTAFADORES CONTRUCTORA DEL CARIBE Y MALIS HOUSE C.A
Gobierno instala Mesa de Alto Nivel para defender a familias estafadas por inmobiliarias
Se hará seguimiento a las constructoras monopólicas que violan la ley/ Jaua ratificó que el Gobierno actuará ajustado a la Constitución Bolivariana, pero que por encima de todos los derechos, está el de proveer a las familias de un techo digno
El Gobierno Bolivariano instaló, este lunes, una Mesa de Alto Nivel para atender las denuncias realizadas a través de Venezolana de Televisión (VTV), de un conjunto de venezolanos y venezolanas que han sido estafados por inmobiliarias de construcción.
Así lo informó Elías Jaua, vicepresidente Ejecutivo de la República, durante una conferencia de prensa.
Indicó que hasta ahora las personas que hicieron 91 denuncias, fueron convocadas para escuchar directamente su opinión. Para ello el Ministerio del Poder Popular para el Comercio e Indepabis, emprenderán las acciones respectivas, para que de manera inmediata restituyan el derecho a la vivienda, a estas familias venezolanas.
Puntualizó que actualmente se estudian casos que datan desde hace trece años y otros de hasta cuatro años.
Ratificó que el Gobierno actuará ajustado a la Constitución Bolivariana y a la ley, pero que por encima de todos los derechos, está el de proveer a las familias de un techo digno.
"Se espera que antes de tomar medidas de carácter contundente, todas las inmobiliarias solucionen de inmediato la culminación y entrega de las viviendas a las familias, sino actuaremos con todo el peso de la ley", exhortó.
Por su parte, Richard Canán, ministro del Poder Popular para el Comercio, indicó que se hará un seguimiento de los casos de estafas por parte de empresas constructoras, monopolios que han violado o cambiado contratos, y cobrado cuotas adicionales, entre otras irregularidades.
14 septiembre 2010
Gobierno asume defensa de víctimas de "masiva estafa inmobiliaria"
Caracas, septiembre 13 (EFE).- El Gobierno venezolano anunció que asumirá los costos de la defensa judicial de víctimas de lo que denominó "masiva estafa inmobiliaria", aunque llamó a los presuntos estafadores a evitar los tribunales.
"El Gobierno, a través de la Vicepresidencia de la República, asume las acciones inmediatas que permitan restituir los derechos de miles de familias" víctimas de "sectores monopólicos de la construcción que esperamos que, antes de que nosotros también tomemos medidas contundentes", asuman sus responsabilidades, dijo en rueda de prensa el vicepresidente del Ejecutivo, Elías Jaua.
El ministro de Comercio, Richard Canán, junto a representantes de "900 venezolanos que han denunciado" formalmente a 30 empresas constructoras de viviendas, dijo que otro número no determinado de venezolanos sin vivienda "han sido asimismo estafados" y los llamó a unirse a quienes se han organizado.
"Las constructoras violan los contratos inicialmente firmados al cobrar cuotas extraordinarias o adicionales o incrementarlas de acuerdo al Indice de Precios al Consumidor (IPC), que no puede ser reconocido en estos casos", subrayó Canán.
Horacio Rangel y Luisa Calzado, que dijeron representar a cerca del millar de afectados que ya recurrieron a la justicia, aseguraron que las empresas constructoras a las que han denunciado están presionando a otros afectados a firmar nuevos contratos.
"No hagan contratos nuevos, el Gobierno nos está apoyando. No permitamos que nos sigan estafando", exhortó Calzado.
El ministro también exhortó a estos últimos no aceptar la devolución de dineros por parte de las constructoras, modalidad a la cual dijo han apelado algunas de ellas a cambio de que los afectados desistan de sumarse a las acusaciones judiciales.
El déficit de vivienda llega en Venezuela a alrededor de dos millones de casas, lo que aumenta en 100.000 unidades cada año, según diversas fuentes.
Chávez ha reiterado públicamente en las últimas semanas que el ritmo de reducción de ese déficit es uno de los asuntos que más lo frustra.
167 mil familias perjudicadas hasta ahora
Gobierno defiende propiedad de estafados por constructoras privadas
En el caso del proyecto Hacienda El Encantado, uno de los directivos de la inversora es Domingo Plaz Castillo, cofundador de Súmate(14 de septiembre de 2010). Por mandato expreso del presidente Hugo Chávez, el Gobierno Bolivariano reforzó la cruzada en defensa de las 167 mil familias estafadas debido al cobro ilegal del IPC (Índice de Precios al Consumidor) por los dueños de grandes constructoras privadas, al intentar adquirir vivienda propia en diferentes estados del país.
Tras la instalación, el pasado lunes, de una mesa de alto nivel en la Vicepresidencia de la República, destinada a dar respuesta a todas las denuncias actuales y futuras, las autoridades encargadas del seguimiento de la estafa actualmente evalúan, uno por uno, los casos para determinar quiénes son los responsables y precisar las irregularidades por las que tendrán que responder.
Hasta este martes se evalúan denuncias sobre irregularidades en ocho proyectos habitacionales: Hacienda El Encantado, conjunto residencial San José del Ávila y conjunto residencial Terrazas Las Palmas, en Caracas; conjunto residencial Matalinda, Conjunto residencial Villa Alianza y comunidad Las Américas, en el estado Carabobo; segunda etapa de la urbanización Monte Claro, en Miranda; y La Arboleda, en Trujillo.
Mediante fórmulas supuestamente legales y paralegales, intimidación y amenazas de todo tipo, estas empresas buscan burlar la prohibición del cobro del IPC para mantener el alza creciente de los precios en las viviendas, un sector estratégico en lo social, por el interés humano que reviste, y en lo económico con las implicaciones macroeconómicas que posee.
Los afectados que integran la mesa de alto nivel instalada en la Vicepresidencia de la República, denunciaron que las empresas constructoras: Urbania 2007, Grupo Eiffel, Promotora San José del Ávila, Consurtuy, Constructora del Caribe, Baze, Corporación Terraka, Cumbeland C.A y Grupo 1C; así como miembros de la Cámara Venezolana de la Construcción y de las Cámaras Inmobiliarias, insisten en cobrar ajustes de precios que ya ni siquiera se relacionan con el IPC, sino que en su gran mayoría se encuentran por encima de éste.
Añadieron que, en muchos casos, estas empresas privadas presionan a los compradores para que firmen un nuevo contrato con un precio hasta tres veces superior del establecido en el primer documento de compra-venta, lo que vulneran el derecho a la vivienda y a la propiedad.
En casos específicos como el del proyecto urbanístico Hacienda El Encantado, se evidencia incluso la doble moral de grupos opositores que acusan al Gobierno Bolivariano de querer acabar con la propiedad privada cuando es totalmente lo contrario. Es así como uno de los directivos de la constructora responsable, Urbania 2007, es Domingo Plaz Castillo, cofundador de Súmate junto a su hermano Alejandro Plaz Castillo y María Corina Machado.
Estas empresas que ante sus clientes, convertidos en sus víctimas, culpan del retraso de las obras al Gobierno Bolivariano por la supuesta falta de insumos para la construcción y por la “inflación galopante”, operan el negocio de la construcción como un negocio financiero pues se financian del Estado a través de créditos a bajo interés de los Fondos de Vivienda, se financian de los compradores sacándoles dinero a medida que desarrollan el proyecto, desvían los recursos hacia el mercado paralelo (compra de dólares, proyectos comerciales o construcciones fuera de Venezuela), obtienen millonarias ganancias del llamado ajuste de precio de las vivienda, exprimen a los compradores y cuando éstos no pueden pagar los aumentos de precio, les quitan sus futuros hogares.
para El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios ha dictado mil 300 medidas de prohibición de enajenar y gravar contra inmobiliarias, tras denuncias recibidas sobre cobros ilegales del índice de precios al consumidor (IPC) u otras violaciones a contratos entre familias y dichas empresas para la adquisición de viviendas.
La información la ofreció este miércoles la presidenta del organismo, Aura Hernández,quien explicó que han recibido alrededor de 2.000 denuncias, de las cuales unas mil tienen expedientes abiertos por el cobro disimulado del IPC.
Explicó que tales medidas de enajenar y gravar impiden que las constructoras puedan vender el inmueble, hasta tanto se produzca una sentencia firme sobre el caso.
Hernández señaló que han recibido planteamientos de irregularidades como la firma de nuevos contratos para validar el cobro del IPC o la venta de un mismo apartamento a varias familias.
Destacó que el Indepabis defiende los derechos del público y que impulsa actualmente un proceso de diagnóstico en todo el país para sancionar las conductas irregulares.
La ley establece sanciones de entre cien y 5.000 unidades tributarias, así como el cierre temporal o total de la inmobiliaria.
Apuntó que en los casos que aplique, el Ministerio Público puede incluso dictar medidas privativas de libertad.
Hernández ofreció estas declaraciones en contacto desde la sede del Indepabis, en la avenida Libertador de Caracas, con Venezolana de Televisión (VTV).
En esta institución se instaló hace varias semanas la sala situacional de víctimas y afectados por el cobro del IPC.
El presidente de la Subcomisión de Gestión Pública y Poder Popular de la Asamblea Nacional (AN), diputado Augusto Montiel, comentó en el espacio televisivo que gracias a la sala situacional, han podido ubicar las relaciones entre diferentes constructoras, en un trabajo que se intensificó por la presencia de voceros de todo el país en ejercicio del principio de corresponsabilidad de la gestión pública.
Destacó que esta instancia ha permitido la organización de víctimas de estafas que, señaló, afectan a más de 50 mil familias.
Indicó que se tipifican delitos como estafa, incumplimiento doloso, extorsión, fraude y usura, entre otros.
Recordó que las inmobiliarias que hayan cobrado el IPC tienen la obligación de devolver el dinero a los afectados y entregarles el apartamento.
Carmen Camacho es una de las personas que acudió a la sala situacional para plantear su caso. Comentó a VTV que la constructora Edivial, encargada de la urbanización Terrazas de La Tahona, en el estado Miranda, le vendió el apartamento bajo la figura de una asociación civil, según la cual el edificio se construiría con el dinero de los asociados.
"Tras dos años no habían construido ni una columna. Luego de iniciadas las obras, comenzaron los aumentos imposibles de cancelar. Mi apartamento costaba 321.000 bolívares y hoy pretenden venderlo en 900.000. Como no podemos pagar, nos amenazan con quitarnos el apartamento", señaló.
El caso de Noelia Tuoso, del estado Carabobo, es un tanto distinto pero con el mismo desenlace: aún no tiene su vivienda.
Comentó que tras cancelar la inicial de su residencia, el banco, en supuesta complicidad con la constructora, le negó el crédito, por lo que la inmobiliaria le indicó que no sólo perdía el dinero ya pagado sino la propia opción del apartamento.
Indicó que sólo en este urbanismo, ubicado en el municipio San Diego, están afectadas 1.200 personas.
Se hará seguimiento a las constructoras monopólicas que violan la ley/ Jaua ratificó que el Gobierno actuará ajustado a la Constitución Bolivariana, pero que por encima de todos los derechos, está el de proveer a las familias de un techo digno
El Gobierno Bolivariano instaló, este lunes, una Mesa de Alto Nivel para atender las denuncias realizadas a través de Venezolana de Televisión (VTV), de un conjunto de venezolanos y venezolanas que han sido estafados por inmobiliarias de construcción.
Así lo informó Elías Jaua, vicepresidente Ejecutivo de la República, durante una conferencia de prensa.
Indicó que hasta ahora las personas que hicieron 91 denuncias, fueron convocadas para escuchar directamente su opinión. Para ello el Ministerio del Poder Popular para el Comercio e Indepabis, emprenderán las acciones respectivas, para que de manera inmediata restituyan el derecho a la vivienda, a estas familias venezolanas.
Puntualizó que actualmente se estudian casos que datan desde hace trece años y otros de hasta cuatro años.
Ratificó que el Gobierno actuará ajustado a la Constitución Bolivariana y a la ley, pero que por encima de todos los derechos, está el de proveer a las familias de un techo digno.
"Se espera que antes de tomar medidas de carácter contundente, todas las inmobiliarias solucionen de inmediato la culminación y entrega de las viviendas a las familias, sino actuaremos con todo el peso de la ley", exhortó.
Por su parte, Richard Canán, ministro del Poder Popular para el Comercio, indicó que se hará un seguimiento de los casos de estafas por parte de empresas constructoras, monopolios que han violado o cambiado contratos, y cobrado cuotas adicionales, entre otras irregularidades.
14 septiembre 2010
Gobierno asume defensa de víctimas de "masiva estafa inmobiliaria"
Caracas, septiembre 13 (EFE).- El Gobierno venezolano anunció que asumirá los costos de la defensa judicial de víctimas de lo que denominó "masiva estafa inmobiliaria", aunque llamó a los presuntos estafadores a evitar los tribunales.
"El Gobierno, a través de la Vicepresidencia de la República, asume las acciones inmediatas que permitan restituir los derechos de miles de familias" víctimas de "sectores monopólicos de la construcción que esperamos que, antes de que nosotros también tomemos medidas contundentes", asuman sus responsabilidades, dijo en rueda de prensa el vicepresidente del Ejecutivo, Elías Jaua.
El ministro de Comercio, Richard Canán, junto a representantes de "900 venezolanos que han denunciado" formalmente a 30 empresas constructoras de viviendas, dijo que otro número no determinado de venezolanos sin vivienda "han sido asimismo estafados" y los llamó a unirse a quienes se han organizado.
"Las constructoras violan los contratos inicialmente firmados al cobrar cuotas extraordinarias o adicionales o incrementarlas de acuerdo al Indice de Precios al Consumidor (IPC), que no puede ser reconocido en estos casos", subrayó Canán.
Horacio Rangel y Luisa Calzado, que dijeron representar a cerca del millar de afectados que ya recurrieron a la justicia, aseguraron que las empresas constructoras a las que han denunciado están presionando a otros afectados a firmar nuevos contratos.
"No hagan contratos nuevos, el Gobierno nos está apoyando. No permitamos que nos sigan estafando", exhortó Calzado.
El ministro también exhortó a estos últimos no aceptar la devolución de dineros por parte de las constructoras, modalidad a la cual dijo han apelado algunas de ellas a cambio de que los afectados desistan de sumarse a las acusaciones judiciales.
El déficit de vivienda llega en Venezuela a alrededor de dos millones de casas, lo que aumenta en 100.000 unidades cada año, según diversas fuentes.
Chávez ha reiterado públicamente en las últimas semanas que el ritmo de reducción de ese déficit es uno de los asuntos que más lo frustra.
167 mil familias perjudicadas hasta ahora
Gobierno defiende propiedad de estafados por constructoras privadas
En el caso del proyecto Hacienda El Encantado, uno de los directivos de la inversora es Domingo Plaz Castillo, cofundador de Súmate(14 de septiembre de 2010). Por mandato expreso del presidente Hugo Chávez, el Gobierno Bolivariano reforzó la cruzada en defensa de las 167 mil familias estafadas debido al cobro ilegal del IPC (Índice de Precios al Consumidor) por los dueños de grandes constructoras privadas, al intentar adquirir vivienda propia en diferentes estados del país.
Tras la instalación, el pasado lunes, de una mesa de alto nivel en la Vicepresidencia de la República, destinada a dar respuesta a todas las denuncias actuales y futuras, las autoridades encargadas del seguimiento de la estafa actualmente evalúan, uno por uno, los casos para determinar quiénes son los responsables y precisar las irregularidades por las que tendrán que responder.
Hasta este martes se evalúan denuncias sobre irregularidades en ocho proyectos habitacionales: Hacienda El Encantado, conjunto residencial San José del Ávila y conjunto residencial Terrazas Las Palmas, en Caracas; conjunto residencial Matalinda, Conjunto residencial Villa Alianza y comunidad Las Américas, en el estado Carabobo; segunda etapa de la urbanización Monte Claro, en Miranda; y La Arboleda, en Trujillo.
Mediante fórmulas supuestamente legales y paralegales, intimidación y amenazas de todo tipo, estas empresas buscan burlar la prohibición del cobro del IPC para mantener el alza creciente de los precios en las viviendas, un sector estratégico en lo social, por el interés humano que reviste, y en lo económico con las implicaciones macroeconómicas que posee.
Los afectados que integran la mesa de alto nivel instalada en la Vicepresidencia de la República, denunciaron que las empresas constructoras: Urbania 2007, Grupo Eiffel, Promotora San José del Ávila, Consurtuy, Constructora del Caribe, Baze, Corporación Terraka, Cumbeland C.A y Grupo 1C; así como miembros de la Cámara Venezolana de la Construcción y de las Cámaras Inmobiliarias, insisten en cobrar ajustes de precios que ya ni siquiera se relacionan con el IPC, sino que en su gran mayoría se encuentran por encima de éste.
Añadieron que, en muchos casos, estas empresas privadas presionan a los compradores para que firmen un nuevo contrato con un precio hasta tres veces superior del establecido en el primer documento de compra-venta, lo que vulneran el derecho a la vivienda y a la propiedad.
En casos específicos como el del proyecto urbanístico Hacienda El Encantado, se evidencia incluso la doble moral de grupos opositores que acusan al Gobierno Bolivariano de querer acabar con la propiedad privada cuando es totalmente lo contrario. Es así como uno de los directivos de la constructora responsable, Urbania 2007, es Domingo Plaz Castillo, cofundador de Súmate junto a su hermano Alejandro Plaz Castillo y María Corina Machado.
Estas empresas que ante sus clientes, convertidos en sus víctimas, culpan del retraso de las obras al Gobierno Bolivariano por la supuesta falta de insumos para la construcción y por la “inflación galopante”, operan el negocio de la construcción como un negocio financiero pues se financian del Estado a través de créditos a bajo interés de los Fondos de Vivienda, se financian de los compradores sacándoles dinero a medida que desarrollan el proyecto, desvían los recursos hacia el mercado paralelo (compra de dólares, proyectos comerciales o construcciones fuera de Venezuela), obtienen millonarias ganancias del llamado ajuste de precio de las vivienda, exprimen a los compradores y cuando éstos no pueden pagar los aumentos de precio, les quitan sus futuros hogares.
para El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios ha dictado mil 300 medidas de prohibición de enajenar y gravar contra inmobiliarias, tras denuncias recibidas sobre cobros ilegales del índice de precios al consumidor (IPC) u otras violaciones a contratos entre familias y dichas empresas para la adquisición de viviendas.
La información la ofreció este miércoles la presidenta del organismo, Aura Hernández,quien explicó que han recibido alrededor de 2.000 denuncias, de las cuales unas mil tienen expedientes abiertos por el cobro disimulado del IPC.
Explicó que tales medidas de enajenar y gravar impiden que las constructoras puedan vender el inmueble, hasta tanto se produzca una sentencia firme sobre el caso.
Hernández señaló que han recibido planteamientos de irregularidades como la firma de nuevos contratos para validar el cobro del IPC o la venta de un mismo apartamento a varias familias.
Destacó que el Indepabis defiende los derechos del público y que impulsa actualmente un proceso de diagnóstico en todo el país para sancionar las conductas irregulares.
La ley establece sanciones de entre cien y 5.000 unidades tributarias, así como el cierre temporal o total de la inmobiliaria.
Apuntó que en los casos que aplique, el Ministerio Público puede incluso dictar medidas privativas de libertad.
Hernández ofreció estas declaraciones en contacto desde la sede del Indepabis, en la avenida Libertador de Caracas, con Venezolana de Televisión (VTV).
En esta institución se instaló hace varias semanas la sala situacional de víctimas y afectados por el cobro del IPC.
El presidente de la Subcomisión de Gestión Pública y Poder Popular de la Asamblea Nacional (AN), diputado Augusto Montiel, comentó en el espacio televisivo que gracias a la sala situacional, han podido ubicar las relaciones entre diferentes constructoras, en un trabajo que se intensificó por la presencia de voceros de todo el país en ejercicio del principio de corresponsabilidad de la gestión pública.
Destacó que esta instancia ha permitido la organización de víctimas de estafas que, señaló, afectan a más de 50 mil familias.
Indicó que se tipifican delitos como estafa, incumplimiento doloso, extorsión, fraude y usura, entre otros.
Recordó que las inmobiliarias que hayan cobrado el IPC tienen la obligación de devolver el dinero a los afectados y entregarles el apartamento.
Carmen Camacho es una de las personas que acudió a la sala situacional para plantear su caso. Comentó a VTV que la constructora Edivial, encargada de la urbanización Terrazas de La Tahona, en el estado Miranda, le vendió el apartamento bajo la figura de una asociación civil, según la cual el edificio se construiría con el dinero de los asociados.
"Tras dos años no habían construido ni una columna. Luego de iniciadas las obras, comenzaron los aumentos imposibles de cancelar. Mi apartamento costaba 321.000 bolívares y hoy pretenden venderlo en 900.000. Como no podemos pagar, nos amenazan con quitarnos el apartamento", señaló.
El caso de Noelia Tuoso, del estado Carabobo, es un tanto distinto pero con el mismo desenlace: aún no tiene su vivienda.
Comentó que tras cancelar la inicial de su residencia, el banco, en supuesta complicidad con la constructora, le negó el crédito, por lo que la inmobiliaria le indicó que no sólo perdía el dinero ya pagado sino la propia opción del apartamento.
Indicó que sólo en este urbanismo, ubicado en el municipio San Diego, están afectadas 1.200 personas.
domingo, 9 de mayo de 2010
NO SOMOS LOS UNICOS QUE NOS LLAMAN INVASORES AQUI HAY OTRO CASO DE LA MISMA SITUACION EN EL EDO ARAGUA
Diario El Carabobeño
Estafados y los llaman invasores
100 familias en situación insalubre al sur de Aragua
Franlia Rodríguez H
Maracay (REDACTA).- Unas 100 familias fueron estafadas durante la adquisición de sus viviendas en un conjunto residencial de nombre Casa Grande, ubicada en los límites de los municipios Lamas y Francisco Linares Alcántara, en el sur del estado. Estas personas denunciaron que no cuentan con los recursos para culminar las estructuras y actualmente vive en una grave situación de insalubridad por la falta de los servicios básicos.
José Antonio García, uno de los afectados explicó que existen casas que tienen dos y hasta tres dueños y cuando detectaron la venta fraudulenta, algunas familias procedieron a tomar las casas, para así no perder el dinero que habían invertido.
Comentó que la mayor parte de las viviendas está sin terminar. Algunas solo tienen cuatro paredes cercadas por monte y basura. No hay sistema de cloacas ni vialidad. Para abastecerse de agua potable han solicitado la colaboración de la alcaldía del municipio Lamas para el servicio de camiones cisternas. Las aguas negras caen al río Aragua y no existe una pared perimetral que ofrezca seguridad a los niños y adultos que allí habitan.
Por si fuera poco, las familias comentaron con preocupación que recientemente fueron imputados como invasores ante la Fiscalía del Ministerio Público. Ante esta situación, elevaron el problema ante el parlamento regional para gestionar soluciones.
En un principio las casas fueron vendidas a 30 mil bolívares fuertes y luego el valor fue incrementado a más de 140 mil bolívares fuertes. Van 8 años de construcción y las casas quedaron a medias.
"Nosotros necesitamos que se respete el precio inicial que se acordó para la negociación y que el constructor se responsabilice por la forma desastrosa en que dejó el urbanismo", expresó García quien subrayó que en el lugar habitan humildes familias que no tienen los recursos para cancelar los altos montos solicitados.
La construcción está a cargo del Consorcio Integral Cantarrana, la cual presuntamente realizó la venta fraudulenta.
Para evaluar la situación, al lugar se presentó el diputado del Consejo, Legislativo de Aragua, Crisanto Ortegano, quien preside la comisión de Hábitat, Vivienda, Infraestructura, Servicios Públicos, Asuntos Territoriales y Tierra.
El parlamentario comentó que el problema es una de las consecuencias del déficit de viviendas que existente en la entidad, pues considera que algunas personas han buscado soluciones en empresas privadas para adquirir una vivienda digna para su familia y han sido engañados por presuntos estafadores.
"Como representantes del ente legislador estamos obligados a iniciar una averiguación sobre este caso y otros similares. Ofrecemos darle respuesta a estas familias trabajadoras que han invertido sus ahorros para lograr un hogar digno para sus hijos", concluyó el diputado. Asimismo, manifestó que discutirán el caso con la procuradora del estado a fin de diseñar posibles soluciones.
Estafados y los llaman invasores
100 familias en situación insalubre al sur de Aragua
Franlia Rodríguez H
Maracay (REDACTA).- Unas 100 familias fueron estafadas durante la adquisición de sus viviendas en un conjunto residencial de nombre Casa Grande, ubicada en los límites de los municipios Lamas y Francisco Linares Alcántara, en el sur del estado. Estas personas denunciaron que no cuentan con los recursos para culminar las estructuras y actualmente vive en una grave situación de insalubridad por la falta de los servicios básicos.
José Antonio García, uno de los afectados explicó que existen casas que tienen dos y hasta tres dueños y cuando detectaron la venta fraudulenta, algunas familias procedieron a tomar las casas, para así no perder el dinero que habían invertido.
Comentó que la mayor parte de las viviendas está sin terminar. Algunas solo tienen cuatro paredes cercadas por monte y basura. No hay sistema de cloacas ni vialidad. Para abastecerse de agua potable han solicitado la colaboración de la alcaldía del municipio Lamas para el servicio de camiones cisternas. Las aguas negras caen al río Aragua y no existe una pared perimetral que ofrezca seguridad a los niños y adultos que allí habitan.
Por si fuera poco, las familias comentaron con preocupación que recientemente fueron imputados como invasores ante la Fiscalía del Ministerio Público. Ante esta situación, elevaron el problema ante el parlamento regional para gestionar soluciones.
En un principio las casas fueron vendidas a 30 mil bolívares fuertes y luego el valor fue incrementado a más de 140 mil bolívares fuertes. Van 8 años de construcción y las casas quedaron a medias.
"Nosotros necesitamos que se respete el precio inicial que se acordó para la negociación y que el constructor se responsabilice por la forma desastrosa en que dejó el urbanismo", expresó García quien subrayó que en el lugar habitan humildes familias que no tienen los recursos para cancelar los altos montos solicitados.
La construcción está a cargo del Consorcio Integral Cantarrana, la cual presuntamente realizó la venta fraudulenta.
Para evaluar la situación, al lugar se presentó el diputado del Consejo, Legislativo de Aragua, Crisanto Ortegano, quien preside la comisión de Hábitat, Vivienda, Infraestructura, Servicios Públicos, Asuntos Territoriales y Tierra.
El parlamentario comentó que el problema es una de las consecuencias del déficit de viviendas que existente en la entidad, pues considera que algunas personas han buscado soluciones en empresas privadas para adquirir una vivienda digna para su familia y han sido engañados por presuntos estafadores.
"Como representantes del ente legislador estamos obligados a iniciar una averiguación sobre este caso y otros similares. Ofrecemos darle respuesta a estas familias trabajadoras que han invertido sus ahorros para lograr un hogar digno para sus hijos", concluyó el diputado. Asimismo, manifestó que discutirán el caso con la procuradora del estado a fin de diseñar posibles soluciones.
martes, 4 de mayo de 2010
INSPECCION EN LA OBRA EL DIA 05/05/2010 A LAS NUEVE DE LA MAÑANA POR INDEPABIS QUE SERA REALIZADA POR EL COORDINADOR REGIONAL DE CARABOBO CARLOS GUIA
MAÑANA SE REALIZARA UNA INSPECCIÓN POR PARTE DE INDEPABIS CARABOBO ASISTE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL BENEFICIO DE TODOS SI ERES UNOS DE LOS AFECTADOS ASISTE TU OPINIÓN SE TOMARA EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE INDEPABIS
viernes, 23 de abril de 2010
REUNION URGENTE EL DIA SABADO A PARTIR DE LAS 3 DE LA TARDE EN LA OBRA
REUNION CON CARACTER DE URGENCIA PARA EL DIA SABADO 24/04/2010 A LAS 3 DE LA TARDE EN LA CALLE 6 ES DE SUMA IMPORTANCIA TU PRESENCIA ASISTE DE TI DEPENDE LA TOMA DE DECISIONES PARA BENEFICIO DEL URBANISMO
miércoles, 24 de marzo de 2010
lunes, 22 de marzo de 2010
REUNION EN INDEPABIS CON LA ABOGADO DE LA LOPNA DEL MUNICIPIO GUACARA
MAÑANA 23/03/2010 SE REALIZARA UNA REUNION EN LA SEDE DEL INDEPABIS ASISTE ES DE SUMA IMPORTANCIA
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